Nuevo Marco Jurídico

PROGRAMA DE DIFUSIÓN EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

«+SEGURIDAD PRIVADA»

 

Estimados compañero/as

Me dirijo a vosotros/as en nombre de la Asociación Nacional de Seguridad Privada “Seguridad Global”.

Nuestra Asociación, tiene como objetivo prioritario, el dotar al Sector de la Seguridad Privada de unas condiciones laborales y profesionales que legislatura tras legislatura y convenio tras convenio, vemos que cada vez es mas inalcanzable.

Los gobiernos, entes publicos y agentes sociales, tienen a este sector absolutamente abandonado a su suerte, inculcandole cada uno por su parte, la cultura del conformismo, acostumbrandonos a «malvivir» con un sueldo miserable y mezquino, impropio de un sector que atendiendo a las necesidades sociales de hoy en dia, debiera ser fundamental para su desarrollo.

Nuestra opinión es que solo con la presentacion de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), es posible afrontar con garantias un nuevo horizonte que a traves de nuevas leyes y reglamentos podamos salir del autentico infierno donde nos han metido.

Es necesario ademas, que se atienda a las Leyes de Espectaculos Publicos de cada Comunidad Autonoma asi como que estudien la posibilidad de incluir en las diferentes licitaciones  lo establecido en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en particular los artículos 118 y 212.1 se establecen las siguientes cláusulas Sociales de obligado cumplimiento.

1 -Aplicación del convenio colectivo Estatal de seguridad privada.

2 – El abono puntual de los salarios según establece el convenio estatal de las empresas de seguridad privada.

3- La contratación del personal, altas y bajas de la plantilla de dicho servicio debe ser autorizada por el centro donde se realiza dicho servicio.

Artículo 118. Condiciones especiales de ejecución del contrato.

  1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
  2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 212.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 223.f). Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos o en el contrato, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 60.2.e).

Artículo 212. Ejecución defectuosa y demora.

  1. Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato.
  1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
  1. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
  1. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.

  1. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
  1. La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.
  1. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
  1. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

El PROGRAMA DE DIFUSIÓN EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS + SEGURIDAD PRIVADA”, es un trabajo conjunto del Sindicato “ÚNICO” V.S y la Asociación Nacional de Seguridad Privada “Seguridad Global”, que tiene por objeto aportar en la medida de sus posibilidades ideas y formulas para dignificar nuestra profesión, mejorando las condiciones y exigencias que la Administración Pública debe atender en sus licitaciones para con las empresas privadas.

Esperamos que este documento mejore la situación actual de incertidumbre para más de 300.000 profesionales, gracias por su atención.

Medio de contacto:  comunicacion@seguridadglobal.org

Suscribe:  

Francisco M Cáceres García

Asociación Nacional de Seguridad “Seguridad Global”

Comisión Relaciones Institucionales

SEGURIDAD GLOBAL

Seguridad Global es una asociación creada dentro del sector de la Seguridad en general con el fin de mejorar la sociedad a través de distintos programas y acciones.

Seguridad Global

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